La polémica generada por la discusión del proyecto de ley para regular los servicios de comunicación audiovisual, ha ido tomando ribetes cada vez más llamativos, en especial luego de la media sanción en la Cámara de Diputados.
El tema se ha transformado en uno de los más frecuentes en toda conversación cotidiana, lo que no implica necesariamente un acabado conocimiento de lo que se está hablando. En muchos de los que se posicionan a favor o en contra del mismo, se pueden advertir esos vicios propios de todo fanatismo sin fundamentos, ya que no siempre hay un verdadero conocimiento de la materia, y menos aún, del extenso articulado o contenido del proyecto. Así por ejemplo, están los que se oponen simplemente porque proviene del kirchnerismo, o los que le dan su apoyo sólo porque “viene a terminar con una ley de la dictadura”.
Nadie puede dudar de la importancia y necesidad de sancionar una nueva ley de medios, pero sí pueden discutirse los distintos aspectos de la misma y primordialmente, los objetivos generales de su posterior aplicación. Y me parece que reside justamente ahí la mayor crítica que se puede plantear, ya que por la insistencia, rapidez y metodología con que se la quiere sancionar, se parece más a una obsesión con fines muy determinados, que a la respuesta clara para una necesidad concreta. Es decir, la cuestión no es definir por qué avanzar hacia una nueva ley, sino el cómo y el para qué.
Algunos aspectos positivos del proyecto que, en otras circunstancias, merecerían ser resaltados, pierden por completo su trascendencia frente a lo que se advierte como una animosidad o encono personal del gobierno. Esa es la sensación que me produce, la de un proyecto ideado y desarrollado íntegramente “en contra de”.
Cuando el empecinamiento es absoluto, difícil es comprender que las consecuencias del plan destructivo dirigido a uno, indefectiblemente va a afectar a todos, con un daño colateral que puede ser terrible.
Una ley a las apuradas, con prepotencia, sin respeto alguno por el consenso, con muy dudosos procedimientos y en clara contradicción con normas constitucionales, por más importante que sea, se convierte en una norma verdaderamente antidemocrática.
Establecer por ley qué, cuánto y cuándo se debe transmitir, como por ejemplo los porcentajes de la música que se pueden programar en las emisoras radiales o los referidos a las producciones televisivas; así como también un dudoso marco en lo que a las renovaciones de licencias se refiere, se parece más a censurar que a regular.
La presunta intención de “democratizar” los servicios de comunicación audiovisual, no se condice con los antecedentes de un gobierno que hasta ahora ha demostrado muy poco respeto por la libertad de expresión, la independencia de los medios, la equidad y el pluralismo.
Avanzar hacia un modelo de sospechoso control sobre los medios, lejos de todo sentido democrático y republicano, nada tiene que ver con la construcción de una sociedad libre y plural, sino más bien con la búsqueda de medios adictos, la censura, la intolerancia y el despotismo.-
Artículos Relacionados:
“Sinceridad total”.
“La censura, pasión de la tiranía”.
“Los ciegos y sordos que no quieren ver ni oír”.
El tema se ha transformado en uno de los más frecuentes en toda conversación cotidiana, lo que no implica necesariamente un acabado conocimiento de lo que se está hablando. En muchos de los que se posicionan a favor o en contra del mismo, se pueden advertir esos vicios propios de todo fanatismo sin fundamentos, ya que no siempre hay un verdadero conocimiento de la materia, y menos aún, del extenso articulado o contenido del proyecto. Así por ejemplo, están los que se oponen simplemente porque proviene del kirchnerismo, o los que le dan su apoyo sólo porque “viene a terminar con una ley de la dictadura”.
Nadie puede dudar de la importancia y necesidad de sancionar una nueva ley de medios, pero sí pueden discutirse los distintos aspectos de la misma y primordialmente, los objetivos generales de su posterior aplicación. Y me parece que reside justamente ahí la mayor crítica que se puede plantear, ya que por la insistencia, rapidez y metodología con que se la quiere sancionar, se parece más a una obsesión con fines muy determinados, que a la respuesta clara para una necesidad concreta. Es decir, la cuestión no es definir por qué avanzar hacia una nueva ley, sino el cómo y el para qué.
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Establecer por ley qué, cuánto y cuándo se debe transmitir, como por ejemplo los porcentajes de la música que se pueden programar en las emisoras radiales o los referidos a las producciones televisivas; así como también un dudoso marco en lo que a las renovaciones de licencias se refiere, se parece más a censurar que a regular.
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