El escándalo originado por la confusa situación protagonizada por Javier Bustos Fierro, padre de Agustín, y una bailarina de una whiskería de Villa Carlos Paz, sigue despertando en la opinión pública un polémico debate sobre el uso de los fondos aportados por las donaciones en el marco de la campaña “Un milagro para Agustín”.
Más allá de las apreciaciones que puedan emitirse sobre la conducta de quien fuera presidente de la Fundación, la que sin dudas reviste características reprochables al menos éticamente, se ha generado un verdadero manto de sospecha para todas aquellas campañas, colectas o fundaciones que buscan la recaudación de dinero para distintos fines sociales.
La credibilidad pública, en un país que no se caracteriza precisamente por poseerla en demasía, ha sido dañada gravemente por un episodio confuso en el que se sumaron declaraciones varias sobre la presunta utilización de esos fondos para gastos personales como salidas nocturnas, vehículos, etc.
En el informe de la Auditoría, difundido en el día de ayer por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, queda reflejada la importancia de los montos recaudados, ya que según los datos oficiales en las cuentas bancarias de la Fundación hay un saldo de aproximadamente 2.800.000 pesos y 119.00 dólares, a los que deben sumarse la transferencia de 900.000 dólares realizada al hospital americano donde se realizará la intervención quirúrgica de Agustín.
Nadie puede dudar de la relevancia y necesidad de este tipo de campañas, y menos aún, de la loable actitud solidaria de un país que se sumó siempre a colaborar en estas situaciones especiales donde el Estado brilla por su ausencia, pero es necesario que la transparencia y conducta ética en el manejo de esos dineros no queden expuestas a dudas, sospechas o elucubraciones de ninguna naturaleza.
Al tratarse de fondos equiparables perfectamente -por su origen y destino- a los dineros públicos, deben esmerarse los mecanismos de control, y ya que el Estado no cumple con su función de brindar lo que se busca en la campaña, al menos, que se esfuerce en controlar que las donaciones realizadas por los ciudadanos sean aplicadas verdaderamente al objetivo propuesto.
La buena fe y el esfuerzo solidario de todo un país, tanto para este caso como para los que pudieran presentarse en el futuro, exigen un máximo de conducta y control para que no perdamos como argentinos una de las mayores virtudes que nos definen aún como pueblo siempre dispuesto a colaborar con el que más necesita.
Nadie, ni siquiera por imprudencia o desprolijidad, tiene derecho a lesionar la solidaridad pública, porque pese a la inmoralidad, la corrupción y la mugre que reinan en muchos, todavía hay valores y dignidad en quienes nos negamos a vivir, al decir de Enrique Santos Discépolo, “en un mismo lodo todos manoseaos”.-
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